Te presentamos un caso real ganado por CMU ABOGADOS, cuya dirección Letrada ha ostentando Doña Cristina Moscoso del Prado Ucelay: Procedimiento Ordinario 156/2024, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid y resuelto mediante Sentencia nº 309/2025, de 8 de septiembre de 2025 , en el que se logra la anulación de una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento de Madrid en materia de disciplina urbanística.
Nuestra intervención se centró en impugnar una resolución administrativa que acordaba la demolición de determinadas obras realizadas en una vivienda, consistentes en la sustitución de elementos constructivos, al considerar la Administración que se trataba de actuaciones ejecutadas sin ajustarse a la legalidad urbanística, siendo el núcleo del asunto acreditar que el procedimiento administrativo en el que se fundamentaba dicha orden había incurrido en caducidad, así como que la eventual acción de restablecimiento de la legalidad urbanística se encontraba prescrita.
La defensa frente a expedientes urbanísticos municipales exige el apoyo de abogados especialistas en derecho administrativo en Madrid con experiencia en caducidad, prescripción y control judicial de la actuación administrativa.
La estrategia procesal se articuló sobre un análisis exhaustivo del expediente administrativo, poniendo de manifiesto que las actuaciones municipales se prolongaron durante años sin respetar los plazos legalmente establecidos, partiendo de una denuncia inicial en 2017, con actuaciones inspectoras posteriores, una orden de legalización dictada en 2020 y una orden de demolición finalmente notificada en 2024, lo que evidenciaba una dilación incompatible con los límites temporales previstos en la normativa urbanística.
Se acreditó además, mediante prueba documental y testifical, la fecha real de finalización de las obras, circunstancia clave para el cómputo de los plazos de prescripción, quedando probado que las actuaciones constructivas habían finalizado varios años antes de la reacción administrativa, lo que impedía legalmente la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad como la demolición.
El órgano judicial acogió íntegramente los argumentos planteados, concluyendo que el procedimiento había caducado al haber transcurrido el plazo máximo entre la orden de legalización y la posterior orden de demolición, así como que, como consecuencia de dicha caducidad, la acción administrativa para restaurar la legalidad urbanística había prescrito, privando al Ayuntamiento de la posibilidad de imponer la demolición.
Como consecuencia de todo ello, el Juzgado acuerda la anulación de las resoluciones impugnadas, estimando íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto y condenando en costas a la Administración demandada , consolidando así la posición jurídica de nuestro cliente frente a una actuación administrativa claramente extemporánea.
Este caso pone de manifiesto la relevancia de los plazos en los procedimientos de disciplina urbanística y cómo una actuación administrativa fuera de los mismos puede ser combatida con éxito mediante una estrategia jurídica rigurosa, siendo especialmente determinante el análisis técnico del expediente y la correcta fijación del momento de finalización de las obras a efectos de prescripción, configurándose como un supuesto claro en el que la actuación letrada permitió dejar sin efecto una orden de demolición que habría tenido un impacto directo y gravemente perjudicial para el cliente.
Este caso demuestra la importancia de contar con abogados expertos en recurso de demoliciones y construcciones en Madrid cuando una orden de demolición puede anularse por caducidad del procedimiento o por prescripción urbanística.