Te presentamos un nuevo caso real de éxito liderado por la Letrada fundadora del despacho, Doña Cristina Moscoso del Prado Ucelay, en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo tramitado frente al Ayuntamiento de Madrid, en el que se ha logrado la estimación íntegra del recurso interpuesto y la anulación de diversas actuaciones administrativas dictadas en un expediente de expropiación forzosa.
El asunto tiene su origen en un procedimiento expropiatorio que afectaba a una vivienda en la que residía nuestra cliente junto con su padre, titular de un contrato de arrendamiento de larga duración suscrito en el año 1950. Tras el fallecimiento del arrendatario, la Administración consideró extinguida la relación arrendaticia y trató a nuestra cliente como mera ocupante sin derechos, limitando su indemnización a una cantidad reducida en concepto de gastos de traslado y negándole tanto la posibilidad de subrogarse en el contrato como de intervenir plenamente en el expediente expropiatorio.
Nuestra intervención se centró en acreditar que la cliente cumplía todos los requisitos legales para subrogarse en la posición arrendaticia de su padre, al haber convivido con él durante décadas en la vivienda, circunstancia conocida por la propia Administración y documentada en el expediente administrativo. Asimismo, se puso de manifiesto que las actuaciones administrativas impugnadas no podían calificarse como meros actos de trámite, puesto que producían efectos directos e inmediatos sobre sus derechos, al implicar la pérdida del derecho al realojo, la fijación de una indemnización insuficiente y la obligación de desalojar la vivienda.
De forma paralela, se acreditó la existencia de graves irregularidades en la tramitación del procedimiento, especialmente en relación con la notificación de la hoja de aprecio, que fue dirigida al arrendatario fallecido y no a nuestra cliente, sin que posteriormente se procediera a su correcta notificación ni a su publicación en forma legal, lo que generó una situación de indefensión material al impedirle conocer la valoración económica y formular las alegaciones oportunas dentro del plazo establecido.
El órgano judicial acogió íntegramente los argumentos planteados por esta parte, concluyendo que la Administración había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente al inadmitir indebidamente los recursos interpuestos y al impedirle participar en el procedimiento en su condición de interesada. Asimismo, declaró que concurrían los requisitos necesarios para la subrogación en el contrato de arrendamiento y que la falta de notificación válida de la hoja de aprecio constituía un vicio sustancial del procedimiento que debía determinar la retroacción de actuaciones.
Como consecuencia de todo ello, el Juzgado acordó la estimación íntegra del recurso contencioso-administrativo, declarando no ajustadas a Derecho las resoluciones impugnadas, ordenando la retroacción del procedimiento al momento de emisión de la hoja de aprecio para su correcta notificación a la cliente y la continuación de la tramitación de la pieza separada destinada a la fijación de la indemnización correspondiente, con imposición de costas a la Administración demandada.
La dirección letrada de Cristina Moscoso del Prado ha permitido en este caso no solo anular actuaciones administrativas, sino también reabrir la vía para que la cliente obtenga la indemnización que legalmente le corresponde.
Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con abogados especialistas en derecho administrativo en Madrid en procedimientos de expropiación forzosa y actuaciones administrativas complejas, especialmente en lo relativo al reconocimiento de los derechos de los arrendatarios y al respeto de las garantías procedimentales, evidenciando cómo una actuación administrativa basada en criterios formalistas puede ser corregida cuando se acredita la realidad material de los derechos en juego y se construye una estrategia procesal sólida orientada a la protección efectiva de los intereses del cliente.