Te presentamos un caso real ganado por la Letrada fundadora del despacho, Doña Cristina Moscoso del Prado Ucelay: Procedimiento Ordinario 467/2017, tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid y resuelto mediante Sentencia nº 16/2019, de 23 de enero de 2019 , en el que se logra la anulación de la denegación de una licencia urbanística por parte de la Administración.
Nuestra intervención se centró en impugnar la desestimación, por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto frente a la resolución municipal que denegaba la licencia solicitada para la realización de una actuación urbanística en una finca, basando la Administración su negativa en la supuesta contradicción con pronunciamientos judiciales anteriores que, a su juicio, impedían autorizar la actuación interesada.
El núcleo del asunto residía en demostrar que dichos pronunciamientos judiciales previos no impedían, ni formal ni materialmente, la concesión de la licencia solicitada, puesto que aquellos procedimientos tenían por objeto la ejecución de acuerdos administrativos anteriores relativos al cierre de determinados elementos constructivos, pero en ningún caso analizaban la viabilidad urbanística de una nueva solicitud de licencia planteada en un contexto jurídico y normativo distinto.
La estrategia procesal se articuló sobre una doble línea argumental, por un lado, la correcta delimitación del objeto de los procedimientos judiciales previos, evidenciando que no existía cosa juzgada ni impedimento legal para resolver sobre la nueva solicitud de licencia, y por otro, la acreditación de que el planeamiento urbanístico vigente había evolucionado, permitiendo la actuación solicitada, de modo que la decisión administrativa carecía de fundamento jurídico al basarse en criterios ya superados.
El órgano judicial acogió íntegramente los argumentos planteados, concluyendo que la Administración había denegado indebidamente la licencia al ampararse en resoluciones judiciales que no resultaban aplicables al caso, y reconociendo además que, conforme al planeamiento vigente, no existía impedimento urbanístico para autorizar la actuación, recordando el carácter reglado de las licencias urbanísticas, lo que obliga a su concesión cuando concurren los requisitos legales .
Como consecuencia de todo ello, el Juzgado acuerda la estimación íntegra del recurso contencioso-administrativo, declarando no conformes a Derecho los actos administrativos impugnados, procediendo a su anulación y dejando sin efecto la denegación de la licencia urbanística, consolidando así el derecho del cliente a obtener una resolución ajustada a la legalidad vigente .
Este caso pone de manifiesto la importancia de analizar con precisión el alcance de resoluciones judiciales previas y su verdadera incidencia en procedimientos posteriores, así como la necesidad de adaptar la defensa jurídica al planeamiento urbanístico vigente en cada momento, configurándose como un supuesto claro en el que la actuación letrada permitió corregir una interpretación errónea de la Administración y garantizar el reconocimiento del derecho del cliente.